La veterana indiferencia de la sociedad
colombiana en cuanto a la crisis nacional es emblemática y casi siempre oscila
entre las profundidades de la depresión y las alturas de la euforia. De donde se
deduce que la terca guerra civil, constante como lo es en sus razones, no
encontrará tropiezos mayúsculos. Es decir, seguirá su curso predecible, al
presente alentada por las acciones punitivas de las Fuerzas Armadas, acciones
conducentes¾si manejadas con base a una estrategia política
igualadora¾a un escenario de negociaciones de paz.
Emblemático es de
los connacionales radicados en Colombia decir año tras año, matanza tras
matanza, genocidio tras genocido,
violación tras violación de los derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, las mismas consignas inconscientes de rechazo al crimen,
al barbarismo, al genocidio. Parece que en Colombia toda persona se hubiera convertido en plañidera de velorio,
tal como si el lamento fuera un sustituto de la acción. A casi nadie se le
ocurre decir: “habría menos muertos en Colombia si, en vez de buscar paz, los colombianos
buscáramos soluciones”.
En efecto, el “Plan
Colombia” debe mudar a “Plan Colombiano”. Las extenuantes cuanto frívolas
exhortaciones para que nos rescaten de la vorágine, directa o por interpuesto
organismo, los norteamericanos o los
europeos, deben ceder ante los actos positivos autóctonos, no por la “paz”,
sino por la solución de los problemas inherentes a la guerra. Poner banderitas
tricolores a flamear no reemplaza el poner neuronas a crear caminos, o hechos a
mover voluntades. Toda busqueda ritualista, anecdótica, elegíaca, oportunista de la “Paz” debe ser trascendida. Que en
adelante nadie en Colombia pida la paz, sin antes decir cómo intenta contribuir
a obtenerla¾y lo
cumpla. Porque es lo cierto que la insurgencia, la contrainsurgencia, el
sicariato, el narcotráfico, la corrupción y los asaltos a los derechos civiles
y constitucionales contemporáneos no surgieron porque sí, o desaparecerán
porque sí. Comporta, entonces, discernir el entramado social que los mantiene
activos, comprender la dinámica que los fue forjando como antecedentes y luego
cual componentes de la guerra civil que consume a la nación. Y eso no se
obtiene balbuceando o diseñando en símbolos pictográficos o en líneas gnómicas
la palabra “paz”. En fin, por cada marcha o conferencia que se haga
por la paz, que haya una contramarcha o contraconferencia por los hechos
resolutorios de los subconflictos contributivos a la guerra.
Mas si la sociedad
colombiana es indolente en cuanto a voluntad,
lógico será suponer que sea indolente en cuanto a razonamiento.
¿Entiende el colombiano, por ejemplo, que la suma de
todos los factores civiles que afectan negativamente al país arroja un
total doloso por lo menos tan nocivo y brutal que el redituado por todos los
factores de la violencia política, es decir, por los secuestros, extorsiones,
voladuras, bombas, genocidios atribuibles
a los alzados en armas? Estoy
diciendo que la corrupción de la clase
política, contratos de dudosa ortografía, compadrismos, complots, sobornos, cohechos, latrocinios,
compra de votos reeleccionistas, la imprevisión del Estado (pérdidas de la
banca pública, incumplimiento de
contratos, juicios venales, nóminas paralelas, transferencias clientelistas,
hurto, despilfarro, peculado,
complicidad) no por “normales” causan menos desamparo, dolor y, por supuesto,
muertes en la sociedad colombiana que el barbarismo antiestatal visible y real
que nos azota. En las oficinas del Estado hay tantos facinerosos como en las
veredas afectadas por la violencia.
Es claro entonces que la guerra civil colombiana, en
lo básico, no está configurada por la suma aritmética de varios conflictos, ni
por la algebraica de varios agentes, sino por la suma sociológica de varios
problemas. Valga decir: en la medida en que a la problemática de la violencia
política se continúe aparejando a los atropellos perpetrados por el
conglomerado político y la casta hegemónica (dos sectores interactuantes), la guerra de clases que hasta ahora ha sido
mimética, eventualmente pasara a guerra abierta. Por un lado, insurgentes,
contrainsurgentes, campesinos sin tierra, obreros sin trabajo y desplazados (el
“subproletariado” de que habla el neoconservador Robert Kaplan); por el otro,
una casta hegemónica obtusa y una subclase media aquiescente (apuntaladas ambas
por el brazo coercitivo del Estado) .
¿Qué hacer? Desde luego, incurriría yo en el
mismo facilismo que critico si dijera que la solución luce obvia o sencilla, o
que empolla en manos de la derecha antiterrorista o pasta en el monte. Pero lo
que sí es inobjetable es esto: la nación colombiana no resolverá sus problemas
hasta tanto, (a) un sector mayoritario de la sociedad tome conciencia de sus
actuales y reales obligaciones civiles, (b) la casta hegemónica opte por
acomodar sus privilegios patriarcales a un nuevo contrato social y económico
incluyente de las necesidades implícitas y explícitas propias de la clase
subordinada y (c) se reorganice un buen
sector humano de Colombia en una vibrante sociedad civil. Difícil esto,
pero posible.
En cuanto a lo posible: ¿ha tomado conciencia el país
de que los inermes, sencillos habitantes de las zonas rurales que se están
organizando en innovativas comunidades de autagestión son la prueba más
arrequintada de que la inteligencia, responsabilidad y organización cívicas del
pueblo raso son suficientes para incidir con peso determinante sobre el curso
de los acontecimientos nacionales? ¿Se
da cuenta la nación de que “los de abajo” (insurgentes, contrainsurgentes,
soldados de línea, policias, masa rural y obrera) y no la casta hegemónica, la clase media o la oligarquía
nacionales, son quienes están sufriendo de frente y de lleno la casi totalidad
de los estragos de la violencia y hallando soluciones prácticas (ya sean de
guerra o de paz), es decir, los únicos expuestos a todos los rigores de la
lucha y los únicos realmente activos?
Un modesto
miembro de la sociedad civil colombiana, exponente de la clase subalterna, dijo
algo que vale por todos los discursos bombásticos de los polílicos, por toda la
parla badulaque de los “estadistas” y por el recetario capcioso de algunos
periodistas: “Hemos vivido [los pobres] sin los europeos y el Estado. Que se
olviden del sueño de que vamos a cambiar los derechos fundamentales por
inversión social”. Ahí está la expresión más sublime de que el colombiano
humilde lleva consigo la esencia viva de la democracia civil y de que está
decidido a defenderla con su vida.
En cuanto a lo
difícil: el nuevo contrato social colombiano --carta de ruta para el futuro--
nacerá del parlamento y trabajo entre los actores centrales del conflicto, cada
cual aportando su ideario, intereses y sudor. Pero en un sentido más amplio, el
contrato social debe nacer de todos los colombianos. Cuarenta años de sangre
han signado de pesimismo y desilusión a la familia colombiana. Igualmente
desensibilizado al delito político, al crimen de cuello blanco anda el
colombiano, que atento a las posibilidades integrativas de nuevas fuerzas
colectivas economicas y politicas que ofrece la coyuntura histórica actual. El
primer gran desafío a las generaciones vivientes colombianas radica en enfocar
con pupila clara la visión de una Colombiana potenciada al máximo como
república, puesto que una sociedad democrática no puede florecer si no es al
amparo de una organización republicana clásica. El segundo desafío consiste en
efectuarlo.
Estoy diciendo
entonces que el resurgimiento nacional de Colombia no puede definirse sino
sobre políticas públicas republicanas que incrementen el talento, la educación,
la salud, el empleo y el bienestar general del ciudadano, canalicen de forma
eficiente y ética las inversiones públicas hacia esos fines y aseguren la
tranquilidad ciudadana a través de recursos cohersitivos estatales
legítimos. Lo que necesita ser agarrado
al vuelo es esto: que ese resurgimiento nacional esta atado críticamente a una
fiel interpretación del carácter nacional, so pena de caer en aventuras
manchegas. Si la nación es una colectividad de personas autoconcentradas, no comunitarias,
repelentes en sus fueros civiles, el carácter nacional no será propicio para el
cambio. Urgen pues unos ciudadanos motivados por un interes colectivo en
la prosperidad, seguridad y calidad de vida de todos. Si la nación no
admite corregir el dilema del uso del poder político tal como se ha practicado
en Colombia, que ha consistido en no dispersarlo entre todas las capas sociales,
en no dejar participar a la clase subordinada en el gobierno y negarle el acceso
a los mecanismos estatales, culturales y económicos, entonces ese carácter
nacional no será propicio para el cambio. La concentración del poder es
causante de desafección y violencia. La concentración del poder en pocas manos
garantiza, como lo auguraba Jefferson, una revolución en cada nueva generación.
Las soluciones
simples al conflicto no existen, por lo cual los colombianos no podemos ser
neutrales en el dilema moral del país puesto que un conflicto moral no conoce
la neutralidad. El Estado, los gobiernos, los alzados en armas, las Fuerzas Armadas,
la Iglesia Católica, todos, son igualmente culpables de la guerra civil
colombiana. La ciudadanía es culpable
de acquiescencia con su prolongación.
Se necesita
reinflamar el genio preservativo de la democracia colombiana. Porque una
descomposición de la democracia, como la sufrida por los colombianos durante
cuatro décadas, es una cosa, otra peor e inadmisible fuera una depresión
permanente del espíritu cívico de la nación. O los colombianos nos enjaezamos
con las guarniciones que demanda el paso del conflicto a la estabilidad, o
dejamos que el conflicto nos siga poniendo el arnés, en detrimento del ideario
nacional.
Estoy diciendo que
en Colombia se debe restaurar la confianza pública, porque la prolongada
desconfianza de la ciudadanía en el gobierno ha creado la del gobierno en la
ciudadanía. La política hegemónica de exclusión ha creado paulatinamente la
política sediciosa de protesta. El discurso político de parte y parte y sus
prácticas de lucha han devaluado el capital moral sin cuyo acopio y uso no
existe república y no existe democracia. Un saludable renacimiento de la
civilidad y del espíritu público es inevitable. Y los líderes políticos de la
nación deben comenzar a llevar un comportamento ético supeditado al
fortalecimiento de los intereses públicos nacionales. La cuestión se complica
cuando se entiende que el líder es aquel que va al frente de su gente y época,
siendo su intuitividad y olfato más agudo que el común. Debe, por ejemplo,
detectar la deshonestidad pública, la corrupción del proceso político,
desentrañarlas y denunciarlas antes que nadie y, de contera, someterse al
juicio de la ciudadanía, rendir cuentas y proteger la integridad del Estado.
Falte esa clase de lideres, falte esa conducta, y la gobernanza se debilita y
la gobernabilidad se enreda.
La agenda que
ultimadamente lleve a la paz, nacerá en la mente y el corazón, usará el brazo y
pasará por la conciencia de cada uno de los colombianos. L