El lastre histórico del conflicto colombiano   

     Desde que en la época cinquecentista europea un Conquistador hispano nombrado Jiménez de Quesada movilizara adjetivos retóricos contra el escritor italico que impugnaba las depredaciones militares de su Sacra, Cesárea, Católica Majestad, Carlos V,  Colombia ha sido tierra de abogados truculentos. Ha sido también cuna de formidables pensadores jurídicos.

   Desde que en tiempos de la Independencia el autocrático y a la par demócrata Bolívar, y Santander, el artífice cartesiano de las leyes y el derecho, se disputaron en la palestra de las ideas y del accionar político la preeminencia del autoritarismo y del acato institucional, Colombia ha sido tierra de políticos ladinos. También ha sido vivero de buenos estadistas.

   Y desde que España clavó en suelo, hoy colombiano, su estandarte, hizo papilla o puso a sudar sobre la tierra a los habitantes locales, gatillando un seudo-capitalista retardatario y dando rienda suelta al fanatismo de sus dogmas religiosos, desde entonces a hoy, cuando la sangre continúa empapando ciudades y veredas, Colombia ha sido un inmitigado campo de batalla. También ha sido un gran repositorio de enunciados y actividades democráticas.

   La concatenación, en el tiempo, de estos determinantes (unos de actuacion otros de pensamiento) ha hecho de la nación colombiana dos cosas a la vez: 1. una  no-democracia y 2. una democracia funcional.

   Esta aparente antinomia no tiene nada de absurda. Es, al conceptualizarla, el determinismo probabilista como un país hispanoamericano desenvuelve la doble raigambre de su herencia y de su contradictorio desarrollo.

PRENOTANDOS DE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

   A manera de antecedente teórico, valga enfatizar que la democracia no es una abstracción divorciada de la realidad externa y empírica o de su bagaje histórico, cual si se tratase de un constructo mental al cual debiera supeditarse la realidad política de las naciones. Memoria histórica y democracia van de la mano. Al principio del ciclo, la democracia rompe como razón práctica para sublimarse luego como razón teórica:  “Actúo, luego existo”,  podria decir la democracia. De tal manera que la democracia republicana en Colombia aflora como la superposición de la corriente igualitaria y popular del liberalismo moderno, extraído de Europa, pero asentado sobre  las experiencias y logros coloniales de la Nueva Granada.

    La querella hispana contra el Moro durante el período de la Reconquista peninsular se había venido a remedar en las tierras coloniales de America en el ecuménico trabajo de la reducción, esta vez del indígena. Los elementos progenitores de la posterior democracia colombiana se construyeron sobre el arreglo político que la actividad española instauró en suelo neogranadino, actividad que reflejaba el estado actual peninsular. 

   En España, de 1500 en adelante, la nefanda confrontación entre la nobleza y las ciudades, el establecimiento de la Monarquía absoluta, el anticuado patrón feudal de pensamiento social, la falta de una infraestructura industrial (como la que se gestaba a la sazón en Inglaterra), el elitismo en las prácticas comerciales de Hispania con sus colonias, la ausencia de una burguesía metropolitana capaz de estimular el crecimiento industrial y la fatal simbiosis entre la Corona y la Iglesia, habían creado un inadecuado sistema de gobierno, el cual inficiono a todo el Imperio Español. Eran los tiempo en que nacía la Nueva Granda y, por lo tanto, los patógones peninsulares se inyectaron en las instituciones y en las formas de pensamiento de estas tierras.

   En dicho territorio, la injusticia social[i], que al principo colonial laceró solo al indígena, poco a poco fue cayendo sobre la clase promiscua de europeo y nativo, sobre el negro, sobre el sambo y el mulato y sobre el hispano-americano empobrecido (el mismo que en ocasiones reclamaban: “Que yo tengo muger e hijos y no tengo un pedacillo de un recodo de tierra en que vivir…”)… De esta situación de injusticia generalizada a la violencia endémica que mancharía  de sangre la alta época colonial no había sino un paso. Y de entonces acá la historia de Colombia  vibra agitada por el desarrollo sangriento de ese antagonismo de clases.

   Mas, paralelo al cuadro anterior, venía su antítesis. En la Europa renacentista se hizo patente la preeminencia española en los campos de las armas y el poder, los cuales efectos repercutirían en la colonia neogranadina.

   Las armas españolas se extenderían no solo al teatro europeo sino desde el trópico de Cancer hasta el de Capricornio. El poder, aplicado con sutil o dura energía, llevaría a España al cenit de la gloria. Y la teoría tomista del Estado se insinuaría como el armazón político de la Conquista. El Virreinato de la Nueva Granada absorbería  estos efectos.

   En esta posesión española, como en otras, España hubo de formar un Estado, en cuyo epicentro se conjugarían teorías de gobierno que la filosofía y la política romano-cristianas por entonces colocaban al servicio del ordenamiento civil de las naciones.  España organizaría en Nueva Granada lo político-administrativo basándose en la realidad precolombina y en los preceptos de sus doctos legistas, por entonces los más connotados de Occidente.

   Crearía organismos elementales pero perdurables de gobierno. El elevado tribunal de la Audiencia. La altiva figura del virrey, sátrapa emperifollado y eficiente que encarnaba al Rey. El  Cabildo, instrumento jurídico-administrativo el más democrático. Introduciría, asimismo, la producción minera y agrícola. Vincularía la economía neogranadina a la Europea. Sembraría y haría germinar la filosofía moral agustiniana y aquinata. Y fortalecería el cordón umbilical que empalmaba a la colonia granadina con las fuentes de la civilización euro-cristiana y (para mal o para bien) con los arcanos del derecho romano.  Permitiría después el ingreso incauto del renacimiento cultural y filosófico transatlántico, causa contributiva de la perdida de su colonia americana.

INDEPENDENCIA Y DEMOCRACIA.

   Sobre los anteriores contradictorios elementos se llegaría a edificar la democracia republicana de Colombia, pues con el discurrir del tiempo colonial, la creciente oligarquía “patriota” neogranadina fue hallando su desarrollo frustrado y sus intereses restringidos. Crecidas y maduras sus contradicciones con la oligarquia “chapetona”, creyó  necesario traer a buen puerto su “derecho” al progreso mercantil libre y a la “Libertad”. La obsoleta oligarquía española, no obstante, se interponía en su camino. Los dos sectores rompieron en hostilidades. Y el choque armado—esa tensión rectora del ascenso social—pondría tras las guerras de Independencia el poder a los pies de la oligarquía germinal. Pero como el conflicto de clases iniciado en la época colonial había venido creciendo pari pasu con el poder hegemónico de terratenientes, religiosos y comerciantes autóctonos, la nueva clase en ejercicio del poder entraría en pugna inmediata con la masa laborante, es decir, con el pueblo[ii], lo que haría necesaria la formación del Estado plutocrático. Cada país crea sus propias instituciones, pero en base a un pasado que no le es dable escoger.

   De la desigualdad colonial se había pasado a la desigualdad republicana. Mas esa nueva desigualdad ya no ultrajaba a toda la población, sólo a la masa, y en eso se cifra el avance democrático de la época. (el otro paso, la emancipación final del pueblo, lo estaría dando Colombia ahora, la etapa culminante de nuestro proceso democrático formativo).

   Equivocado estaría, por consiguiente, quien creyera que el cataclismo emancipador de la Independencia, la cual entregó poder, tierras y riquezas a la plutocracia criolla y luego a la casta hegemónica, no representaba un extraordinario salto cualitativo hacia la igualdad. Como lo estaría quien supusiese que no era también un paso más hacia la no-democracia colombiana.

   Y es que las nuevas realidades y políticas estatales surgen porque son necesarias, porque interpretan la labor que en un momento específico la dinámica histórica impone a un sector social dado, aquel sector que cuenta con los medios de dominación y con la necesidad objetiva de dominar. De esa forma se vendrían a consolidar el el siglo xix, en manos de las élites criollas (y para usufructo suyo), un sistema de gobierno liberal, las libertades públicas y los derechos individuales, la “igualdad”, la separación de los poderes del Estado, el sufragio, en fin, la conocida panoplia de la democracia liberal.

   Pero ese traspaso de poderes no podía tener un caracter universal, no podía incluir al pueblo.  Por qué? Porque si es cierto que por un lado la división social de clases en que se había fragmentado la Nueva Granada durante la colonia hacía ahora viable cuestiones como el control democrático del Estado por parte de las élites emergentes, la desmembración iconoclasta de la tiranía, la protección de los derechos del hombre y el fortalecimiento de la Nación, tambien es cierto que por el otro lado lucía el espectáculo de la masa subalterna, destituida y burlada, potencialmente violenta, puesto que para ella no se había hecho la revolución, abocada, como seguía, a la pobreza y el sojuzgamiento. Y sujeta al servicio, impuesto nada menos que por quienes, con la independencia, habían obtenido su reciente primacía politica en merced al trabajo y los inmensurables sacrificios marciales de esa masa.

   Todo había cambiado y no había cambiado con la Independencia. En manos de una nueva minoría llegaba a hervir la apoteosis del éxito republicano, arrebujando a un dócil Estado liberal en su seno. En los brazos del hambre y la violencia se continuaba asfixiando el común. Listos quedaban, entonces, el escenario y  el elenco para el drama de ciento ochenta años de lucha politico-social fratricida.

DEL SIGLO XIX  A NUESTRO TIEMPO

   Como efecto, el siglo xix sería un hervidero de miasmas no-democráticos, pero también de hechos democratizantes. 

   Como instancias democráticas figuran el ingente rendimiento de humanistas prolíficos que pulsando ideas disímiles fraguaron el corpus sustantivo de nuestras instituciones públicas. Los aportes al localismo político y a su antítesis, el federalismo. Los  tersos enunciados de las élites civilistas, es decir, el trabajo de quienes, embebidos en teorías europeas, abogaban por el buen manejo de la renta pública, auspiciaban la recta organización territorial, esculpían la imagen constitucional de la república, reclamaban el liberalismo económico, forjaban los partídos políticos y preconizaban el radicalismo, la regeneración, el utilitarismo, el positivismo y luego el socialismo. Una pléyade de cultos exegetas proclamando, en  crescendo, los apotegmas de la democracia colombiana, aunados a quienes los implementaban con su ideario y actividad sindicalista: un pueblo determinado a ejercer sus obligaciones y proteger sus derechos civiles.

   Pero, por el anverso, un crecimiento paralelo de la tendencia no-democrática. En especial, las beligerantes discrepancias intestinas de una casta hegemónica fragmentada ideológica, económica y geográficamente y, por lo tanto, incierta aún sobre cómo repartirse incruentamente la presa nacional: guerras civiles. Y, por otro lado, la sempiterna violencia de esa casta contra el pueblo, mismo que reclamaba con creciente fuerza la justa porción denegada: desigualdad rampante.

   El proceso ruge y se agiganta y llega hasta la mitad del siglo xx, cuando estalla en una orgía de sangre, instigada por los partidos políticos y bendecida por la Iglesia, tras la cual, desangrado el pueblo y fatigadas las hegemonías se confecciona la gran francachela del Frente Nacional, la prueba más insolente y torpe de que el poder y las riquezas colombianas continuarían por una eternidad en manos de las plutocracias y sus tributarios. El espectro de los Comuneros, Quintín Lame, los Bautista, los Fonseca, Yosa, Prías Alepo, Guadalupe Salcedo, Efraín Gonzáles, Marulanda,  Bateman, los Castaño, se levita y ronda.  Siguen años de violencia reivindicativa infecunda que poco a poco muta a hechos de esquizofrenia criminal.

   El ininterrumpido proceso democrático continua, cuyo éxito final demanda que el conflicto colombiano se dirima atendiendo los cambios que su misma carrera ha ido forzando en el campo político de la nación. No se trata, pues, de olvidar las cruentas manifestaciones de la guerra, ni de truncar con la violencia punitiva del Estado la última expresión del antiguo problema nacional, aunque lo apruebe  una mayoría de nacionales en agotamiento, sino de implementar, ultimadamente a las buenas, los cambios de fondo que se abalanzan sobre Colombia como cuenta de cobro de un choque de clases que eventualmente los incrustaría a las malas si no se atendieran con urgencia y con responsabilidad.

   No es difícil imaginar que nuestra larga guerra civil continuará hasta que el clarín anuncie el advenimiento de la neodemocracia colombiana. Sera un trabajo difícil, a la par para instituciones, estadistas y ciudadanos maduros. Pero también un logro inequívoco del abnegado y combativo pueblo colombiano y, seguramente, templete social obligado para la América de prosapia hispana. L

 



[i]  Injusticia Social. Para una explicacion corta del significado con que usa el termino Injusticia Social, refiero al interesado al artículo “La guerra y la paz”, localizado en el archivo “Colombia”.

[ii] Pueblo. El vocabloPueblo” no lo uso aquí con el sentido propagandístico o peyorativo asociado a la retórica política, cual sinónimo de “proletariado”, “masa” o “chusma”, ni como sinónimo de “conjunto de personas organizadas como nación”, sino como una categoría, agregado o colectividad de ciudadanos distinguidos del resto de su comunidad nacional por no ser quienes dominan en lo social, político o económico.