LA GUERRA Y LA PAZ

Tres proposiciones se pueden predicar con certeza sobre el actual conflicto colombiano: 1. Que todos los colombianos deseamos la paz, inclusive aquellos que le hacen coquitos a la guerra. 2. Que la clase dominante y en especial la casta hegemónica[i] buscan una paz que salvaguarde sus prebendas y disimule su indolencia. 3. Que sin obtenerse la resolución de los problemas secularmente lesivos de la clase subalterna nacional no puede haber, ni habrá paz duradera en Colombia. 

Para iluminar estas proposiciones se hace menester categorizar dos puntos: 1. Que Colombia sí está en guerra civil. 2. Que la violencia política sí es estructural. 

COLOMBIA ESTÁ EN GUERRA CIVIL. Esta aserción es controvertida por aquellos nominalistas—nacionales y extranjeros—para quienes la realidad reside en su representación semántica y no en la situación empírica. Son los que proceden del diccionario al hecho, es decir, buscan primero la definición, para luego encajonar dentro de ella la realidad viva. Son el novio que compra el anillo de boda y luego se casa con la dama a quien le queda bien. Dicen: “Según la definición clásica, Colombia no está en guerra civil…”. Obviamente, su error consiste en no admitir que toda guerra civil es sui generis y que, por lo tanto, la colombiana se expresa modo suo, valga decir, presta un atuendo eminentemente idiosincrático, por ejemplo, el no ostentar bandos rigurosamente definidos, ni tener campos de batalla fisicamente precisos, ni aplicar tácticas de guerra ortodoxas, ni ocupar a toda la ciudadanía en la diligencia de las armas.

Pero si algo que parece un ave surca el agua como un ganso, vuela como un ganso y grazna como un ganso, lo más probable será que el ave sea un ganso. Traducido al buen romance, esto significa que si el morbo que afecta a Colombia se lleva de calle las instituciones, quiebra la economía rural y afecta la nacional, divide en dos partes el territorio del país y en varias a la ciudadanía, semiparaliza el Estado, resquebraja de lo lindo el tejido social, confunde aun más al confundido sistema judicial, se traga grandes bocados del presupuesto público, aterroriza a los vecinos de Colombia, pone atáxica al Aguila Imperial, finalmente moviliza a un Ejercito hasta ahora semiapático y produce en exceso de cien mil muertos, un millón de emigrantes y dos millones de desplazados, caramba, a lo mejor se trata de una guerra… de una robusta guerra civil.

LA VIOLENCIA POLÍTICA COLOMBIANA ES ESTRUCTURAL. Esta aserción es impugnada por algunos exponentes de las élites políticas y en especial por la oligarquia nacionales y sus voceros, para quienes aceptar una injusticia social[ii] de siglos equivale a reconocer su ignominiosa responsabilidad por semejante quiebra.

Mas ¿cómo explicar que tras varias centurias al ejercicio pleno del poder, tal como lo han detentado dichas élites y tal oligarquía, la injusticia social se haya enquistado inextricablemente en el sistema de gobierno y gobernaza nacional que impusieron desde antaño?

Procede entonces afirmar: la violencia social que se instauró en suelo colombiano desde que los Conquistadores le hurtaron la primera mazorca y la primera mujer a los indígenas, violencia que, mutatis mutandis, aún perdura, no es fortuita o esporádica, es parte estructural del sistema sociopolítico de la nación.

La tergiversación elitista que niega esta realidad vitanda tiene fines casuístas. Intenta hacer creer a la ciudadanía, y en especial al pueblo[iii], que la crisis social es apenas espasmódica, i. e., coyuntural. Torcida así la verdad, pareciera suficiente un oportuno remiendo cosmético para arreglar los problemas nacionales. Tal objetivo cosmético pretendería, desde luego, dejar en pie los privilegios que la casta hegemónica colombiana ha usurpado desde tiempo inmemorial. Los hosannas santimoniosos que desde todas partes de dicha casta se elevan por la “Paz” y su esfuerzo por obligar a la paloma emblemática a poner un buen y milagroso huevo pacificante, cumplen a cabalidad (inconscientemente o no) un propósito mendaz, cual es el de birlar una vez más a la clase subordinada la reivindicación definitiva de sus derechos, su sustancia y su desarrollo humano.

Y, por supuesto, los aprestos y arranques guerreristas del actual gobierno nacional (aunque necesarios desde otro punto de vista), son una análoga manera de evitar la solucion de fondo, pues nadie cree, ni los mismos actores pretorianos, que la guerra abierta sea la solucion permanente (lo cual ni siquiera se analiza) al conflicto nacional.

La conclusión a que lleva todo lo anterior bien pudiera ser ésta: cualquier demanda por la paz que no asiente sobre la base de la emancipación económica y política del pueblo colombiano es una llamada al prolongamiento de la injusticia social y, por ende, a la continuación o retorno posterior de la guerra.

Y si se tiene en cuenta que a lo largo de toda nuestra historia la mayoría de la ciudadanía ha vivido excluida del poder, parece acertado permitir que el conflicto de clases que nos aqueja hoy curse finalmente el camino que le ha impuesto nuestro lastre histórico, pues al fin y al cabo ya hemos recorrido lo peor de la trocha. Mejor dicho: a pesar de las buenas intenciones, no nos es dable truncar artificialmente la guerra civil que nos consume, consecuencia inexorable de la historia colombiana. El sector “dirigente” —el que según algunos no existe en Colombia—y los contubernios del poder deben saberlo.

TODOS LOS COLOMBIANOS QUEREMOS LA PAZ. Pero ¿cuál paz? La de los insurgentes, que esperan resultados tangibles específicos antes de darle curso al proceso de paz ¿La de los contrainsurgentes, que fiscalizan con armas vindicativas la conducta guerrillera y dicen desmobilizarse? ¿La de la subclase media, que aceptaría no sólo la paz sino cualquier semblanza de paz? ¿La del gobierno, que no sabe ni cuándo, ni cómo, ni de dónde vendrá? ¿La del conglomerado político, que intenta dar gato por liebre? ¿La de la atrofiada oligarquía, que tolera paz o guerra, siempre y cuando ninguna le cueste demasiado o le quite sueño o mucho tiempo?

 LA CASTA HEGEMÓNICA DESEA UNA PAZ QUE SALVAGUARDE SUS PREBENDAS. De ahí que su compromiso pacifista incluya toda tesitura simbólica, emocional, publicitaria o moralista, utilizable para persuadir a los alzados en armas a aceptar la paz y a la población civil a “luchar” por la paz… o por la guerra. Pero que excluya toda medida programática real destinada a sustraerle una siquiera de sus legendarias canonjías político-sociales o de desinfectar sus ingresos. De ahí, también, la farsa bizantina de las innumerables “reformas” con que pretende ahogar el grito de nuestros veinte millones de hambrientos, de ahí el plañido infantil de sus “consultas populares” y sus “referendos”, con los que pretende darle un visaje democrático a la manera autocrática como ha manejado el país. Y de ahí la cadena de subterfugios políticos con que intenta oscurecer la realidad sensible, eximiendola de revista o cuestionamiento de fondo.

 SIN LA REIVINDICACIÓN DE LA CLASE SUBORDINADA NO HABRÁ PAZ. Supongo que los colombianos sabemos lo siguiente: que si, en un país como Colombia, la Iglesia Católica anda ahora afanada y contrita, algo sustantivo pasa, y ese algo parece ser que por primera vez en su historia el poder de decidir su futuro no descansa totalmente en manos de sus hegemonías. Posa en manos de un sector del pueblo o, por “doloroso” o extraño que parezca, posa parcialmente en manos de dos facciones populares antagónicas, sangrientas y fuertes, los insurgentes y los contrainsurgentes. Dos facciones que deben: a) resolver su litigio a la mayor brevedad; b) otear por sobre el humo del combate, es decir, entender que la reestructuración democrática de Colombia demandará reconciliación de partes, trabajo mancomunado y acopio de conocimientos y experiencia.

LA INSURGENCIA Y LOS CONTRAINSURGENTES DEBEN RESOLVER SU LITIGIO. Guerrilleros y contraguerrilleros forman parte de la misma clase social, que por el desarrollo inmanente de nuestra historia, por errores de procedimiento y de analisis y, en parte, por las maquinaciones de sus opositores de clase anda en guerra intestina. Eventualmente unas y otras tendrán que ver la luz y hallar un modus operandi más en concordancia con la homogeneidad de sus verdaderos intereses, que son idénticos, aunque ambas partes actúen y se maten como si no lo comprendieran.

Pero, aún así, la mortal querella entre insurgencia y contrainsurgencia por el momento le es favorable a ambas. Si el objetivo de cada una es, tal como debe ser, el persuadir a la casta hegemónica de que el poder, la tierra y las riquezas colombianas en adelante van a ser de todos (en proporciones a ser definidas inter parte o no van a ser pacíficamente de nadie, entonces la actual división del trabajo entre las dos facciones se presta a llevar a cabo ese loable objetivo. La insurgencia podría blandir el garrote de clase, la contrainsurgencia la agridulce zanahoria. La primera haciendo el papel del “Coco”, la última el de la alucinante Salomé. La una presionando, la otra acariciando a un opositor recalcitrante de clase que no demuestra entender su frágil predicamento ni el mal que su intransigencia de siglos le ha hecho a la nación. En tal sentido, la paz dependería, en cierta medida, de la obstinación o la buena voluntad de este opositor. Cada uno de los colombianos necesitamos grabar en la conciencia, y con caracteres indelebles, esta máxima: “La paz tiene un precio y cada cual debe estar—sea individual, sea colectivamente—listo a pagar su cuota”.

Pero esa cuota no debe ser de sangre inocente. Por eso, urge que guerrilleros y contraguerrilleros hagan propia la noción de que las guerras modernas no las gana el más bárbaro, sino el más inteligente. Y las armas del Estado entender que los errores en las operaciones o el desconocimiento o no aplicación de los Derechos Humanos causantes de muertes no son aceptables, son punibles.

La experiencia contemporánea indica que sin el apoyo de la ciudadanía y la opinión mundial ninguna fuerza político-militar puede mantener incólume su viabilidad operativa, mucho menos obtener sus propósitos. Valga decir, más que los derechos humanos y el DlH, deben ser el sentido común, el de preservación y la ética—ora la rebelde ora la estatal— los que obliguen a las dos partes alzadas en armas y a las F.A. a tener por sagradas la integridad física y la dignidad humana del ciudadano y del combatiente inerme.

En el mundo actual, cada acto de barbarismo bélico disminuye en vez de aumentar el poder de quien lo atenta. Sigan cruzando los combatientes esa línea invisible que separa la ética de la época moderna de la depravación de la pasada y sus aspiraciones quedarán tan en el suelo como los cadáveres de sus víctimas. En efecto, la guerra es cruel, pero el luchador no puede serlo. Un comandante debe tomar decisiones terribles sin contraer un músculo, cierto, pero también sin dar en tierra con los valores morales. El terror ha jugado un papel importante en la historia, pero el terrorismo es una abominación. La muerte es connatural al combate, el crimen no lo es. Una madre no puede ser nunca un objetivo de guerra. Los niños, con el tiempo, suelen enterrar a sus abuelos, mas no es propio de abuelos enterrar a sus nietos. En fin, los colombianos estamos inmersos en una gran guerra civil. Pero esa guerra civil se debe llevar a efecto para elevarnos a los más altos niveles de la democracia, jamás para sumirnos en las profundidades de la execración.

Reiterando conclusiones, las partes del conflicto colombiano todas necesitan ceder en lo referente a sus exigencias, con miras a la consecución de una paz que nivele el escenario social de la nación, cabe el fin de que todos y cada uno de los colombianos gocemos en común las mismas oportunidades políticas y sociales, sin las cuales Colombia seguira por el sendero tortuoso que tomó hace tiempo. Un alto en el camino se indica necesario. Como necesaria es la apertura de nuevas rutas históricas. L

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[i] Clase Dominante y Casta Hegemónica. Hago uso de los términos “Clase Dominante” y “Casta Hegemónica” con un sentido estricto. Para ahorrar espacio, refiero al lector al artículo titulado mmmm, en el cual analizo los dos términos.

[ii] Injusticia Social. Comporta aclarar el significado con que uso aquí el término “Injusticia Social”, con el fin de circunscribir la aplicación del concepto al conflicto colombiano, pero dentro de parámetros sociológica, epistemológica y teóricamente reconocibles.

A mi entender, la injusticia social existe en un universo sociocultural en que se niega o no es operacional el principio de la justicia social y/o las prácticas y consecuencias a ese principio asociadas. Es decir, en el que no opera un tratamiento equitativo para todos los miembros del universo, en lo referente a: 1. la eliminación de la desigualdad arbitraria y del poder arbitrario, por lo general detentado por parte de un grupo cuantitativamente minoritario, 2. la distribución equitativa de los medios de obtención de lo que es conducente al bienestar individual y general, y 3. la adecuada provisión de rectificantes para lo que se pudiese razonablemente definir como “mal social”. Vale entenderse, por ser aplicable al caso colombiano, que la “justicia distributiva” denota igualdad en la distribución de bienes y servicios . Y que la “justicia retributiva” dice relación con el tratamiento imparcial e incorruptible a quienes quebrantan la Ley y a las víctimas de los quebrantadores de la Ley.

De la anterior definición salta a la vista la necesidad de afinar un poco más el concepto de injustica social, con el fin de apreciar la incidencia de lo político en el quiebre de la justicia social, en la no obtención de dicha justicia, o en la no reparación cuando ésta en quiebra. En términos políticos, entonces, la injusticia social colombiana refleja el problema secular de cómo se ha ejercido en el país el arte y la práctica de la influencia sobre la ciudadanía en lo referente al manejo de la cosa pública y de cómo se ha manifestado la rivalidad de las colectividades que se materializan con el fin de adelantar la obtención no violenta del poder político dirigido, en última instancia, al alcance y el mantenimiento del control sobre el gobierno y la direccion del Estado.

Valga al efecto, que la noción de Justicia Social que hago operacional en mis análisis del conflicto colombiano, además de suscribirse a una definición teórica aceptada , se sujeta a una epistemología que tiene en cuenta el concepto que de la justicia social tengan los actores primarios de dicho conflicto y que lo compara con los del analista, cualquiera que éste sea, del conflicto.

Finalmente, aunque la injusticia social es productora de violencia “común”, la que metaforicamente denomino “violencia cervecera”, es en realidad la violencia social generada por lo político y exacerbada por el mismo elemento, que debo resaltar en este artículo como la causa última, eficiente y determinante del conflicto nacional. Ni que decir tiene que hacer una clara diferenciación entre una y otra violencia es tarea en extremo dificil. Sin embargo, no creo que dicha dificultad vicia de nulidad mi análisis. (Un análisis del significado de la palabra “Causa” en el al artículo titulado mmm).

[iii] Pueblo. El vocablo “Pueblo” no lo uso aquí con el sentido propagandístico o peyorativo asociado a la retórica política, cual sinónimo de “proletariado”, “masa” o “chusma”, ni como sinónimo de “conjunto de personas organizadas como nación”, sino como una categoría, agregado o colectividad de ciudadanos distinguidos del resto de su comunidad nacional por no ser quienes dominan en lo social, político o económico.