LA “INJUSTICIA SOCIAL” EN EL ENTORNO COLOMBIANO. (1)

"Para asegurar [el republicanismo universal]… deben correr ríos de sangre y venir años de desolación; así y todo, el objetivo amerita ríos de sangre y años de desolación."

Thomas Jefferson, 1823

El propósito del presente artículo es definir el término Injusticia Social, con el fin de hacerlo operacional dentro del contexto y la crítica al Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia, IDH 2003, del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, PNUD.

Es mi concepto que la injusticia social constituye la causa determinante, condicionante, del conflicto armado colombiano y que los demás factores que sobre el conflicto inciden son causas precipitantes y secundarias. Este concepto contradice la parte del informe que mantiene la siguiente tesis: “Las explicaciones cotidianas acerca del conflicto armado colombiano… son demasido vagas[, por ejemplo,] ‘es la injusticia social’”.

Trayectoria. En la antigüedad clásica la justicia se basaba en la habilidad para pagar las deudas, lo cual era una virtud (del latin virtus, equivalente del griego paideia). En el siglo xviii, Jefferson estipuló la necesidad de “tener en mente el sagrado principio de la precedencia de la mayoria sobre la minoria, siempre y cuando dicha precedencia estribe en los derechos minoritarios protegidos por la Ley; violarlos generaría la opresión”. El uso moderno de la expresión lo origina en 1840 el sacerdote siciliano Taparello, y obtiene prominencia a través de la obra de Tosmini-Derbati, La Costitutione Civile Secondo la Giustizia Sociale, publicada en 1848. John Stewart Mill le dio unn vuelco casi antropomórfico al término:

La sociedad debe tratar con igual bondad a todos aquellos que merecen ser tratados bondadosamente, esto es, aquellos que merecen la bondad en términos absolutos. Esta es la norma abstracta más alta de la justicia social y distributiva; hacia la cual deben converger en el mayor grado todas las instituciones y todos los esfuerzos de los ciudadanos virtuosos.

Definición. La gama de definiciones en torno a la justicia social incluye conceptos desde todos los puntos de espectro político, social, cultural, religioso y filosófico. La operacionalidad moderna del término, con la cual enfoco el Informe aludido, es la siguiente:

La justicia social, en su sentido más amplio, es el principio afirmativo de que todos los seres humanos ameritan satisfacer sus necesidades humanas básicas, sin importar las disparidades económicas, la clase social, el género, la etnicidad, la ciudadanía, la religión, edad u orientación sexual. Incluye además el etablecimiento de una política sana sobre el medio ambiente y la igualdad de oportunidades en lo relativo a la salud personal y al desarrollo social, lo cual engloba la oportunidad igualitaria para sobresalir.

Funcionalmente, la justicia social es el set de principios cardinales que guían a la persona social a juzgar su comportamiento comunitario a la luz de normas éticas-humanitarias establecidas positivamente o no, a través de la historia, por lo cual ciertos derechos sociales ameritan ser universalmente protegidos.

No obstante, deseo circunscribir el término aún más, de tal manera que aplique con mayor precisión a la soluación colombiana actual. La injusticia social seria entonces:

La negación de los valores básicos de ¾ y de los fines deseados por¾ toda sociedad democrática, lo cual incluye la protección de la vida humana, la satisdacción de las necesidades básicas físicas, espirituales y sociales del individuo, acceso igualitario a las instituciones societales, a los recursos legales, a las oportunidades, sin limitantes arbitrarios basados en interpretaciones antidemocráticas en cuanto a las características individuales o genéricas que acompañan a la persona social.

Empero, la justicia social es definida por las condiciones sociales imperantes en un entorno comunitario dado. La justicia social no existe o funciona en el vacío. Por ende, comporta afinar el término aun más, agregando que:

En el caso colombiano, la injusticia social destruye los principios y las costumbre que hacen constante referencia a una sociedad igualitaria y justa. A una sociedad que trascienda la igualdad formal y se plasme como igualdad sustantiva, a través de una mejor articulación nacional del discurso social y sobre todo de las prácticas tendientes a erradicar las desigualdades históricas que han perpetuado la división social en dos clases, la clase hegemónica y la subordinada; la primera de las cuales ha negado secularmente a las masas el acceso libre y masivo a los medios de trabajo, educación, salud y expresion cultural, social y política.

Como en términos analíticos la justicia social es un instrumento para erradicar la asimetría del poder y del acceso a aquellos recursos cuya distribución inequitativa propicia el absurdo de que unos pocos sean la “mayoría” y los muchos formen la “minoría”, entonces la justicia, una vez sea reconocida como elemento determinante del progreso social colombiano, debería transformarse en normas reales que sirvan de guía a la política publica nacional, encaminada ésta a encarar los patógenos sociales que históricamente han mantenido a Colombia en un estado quasi-permanente de violencia y en ocasiones¾ como en el presente¾ de guerra civil.

Por supuesto, la injusticia social no se autogenera, antes bien, es el producto de la desigualdad, con la que guarda una relación dialéctica de intercambiables causa y efecto. Y, desde luego, la desigualdad (y la injusticia social) no operan exclusivamente de forma vértical o tan solo sobre la clase subordinada. Por el contrario, su expansión y contraefectos trabajan también de forma horizontal y transectorial. Por ejemplo, la desigualdad puede afectar a ciudades “importantes”, a ciertos sectores de la economía hegemónica, a ciertos departamentos y municipalidades ricos, a las mujers del sector oligárquico e inclusive a los hombres del mismo, y dentro de la clase subordinada a sectores los menos tenidos en cuenta.

Añadiría que particularmente en Colombia¾ y en su coyuntura histórica del último medio siglo¾ la justicia social ha tenido un componente crítico en la justicia económica. La cual toca al ciudadano y al orden social por igual. La cual enmarca los principios morales y políticos que guían, o debieran guiar, las instituciones económicas del país y las del sector corporativo nacional de negocios. Como estas instituciones norman la manera como las personas se ganan la vida, intercambian bienes y servicios y en general crean la base material productiva de la nación, importa que su rendimiento y actividad vayan en beneficio patente y cuantificable de todos los colombianos. (El último reporte del PNUD, julio de 2004, muestra una baja en los indicadores del desarrollo humano en Colombia).

Urge que para efectos de elevar la justicia económica colombiana se atienda el feedback con que se restaura la armonía y el equilibrio entre el imput y el output económicos (siguindo tesis de M. Adler y L. Kelso). Y que se operacionalice la interdependencia de tres principios fundamentales: 1. El principio de la participación, el cual describe como se plasman los imputs del procedo económico con el fin de sustentar a la ciudadanía. 2. El principio de la distribución, el cual define los derechos del out-take del sistema económico corcondantes con el trabajo producido y el output generado. 3. El principio de la armonía, que incluye el mantenimiento del equilibrio entre ingresos y egresos, cabe el fin de detectar desbalances y restaurar el orden económico.

Algunas exégesis y contradicciones. La justicia social forma un campo conceptual que algunos filósofos califican de “disputado”, por no estar univocamente definidas la reglas de la lealtad social con que se gobiernan las relaciones entre personas en una particular comunidad.

John Rawls, por ejemplo, hace referencia a las disparidades en los ingresos producidos por la sociedad, como comprobación de su desequilibrio social. En Colombia, la disparidad de ingresos entre un Santodomingo, Sarmiento, Mancuse o Raul Reyes y los de quienes habitan el Cartucho, son un indicador objetivo (i.e., sin tono moralizante) de la injusticia social colombiana (a pesar de que análogos desbalances afectan a todo país del Tercer Mundo). El principio fundamental de Rawls deriva de un hipotético Contrato Social (recurso de vieja data histórica). “Una vez se decide buscar un concepto de justicia que nulifique los accidentes de la naturaleza y las contingencias de las circunstancias sociales, opuestos a la búsqueda de ventajas económicas y políticas, se llega al principio [de la justicia social]”.

Robert Nozick argumenta la existencia de indicadores que juzgan a todos por igual, por ejemplo, si la propiedad es adquirida sin fuerza o fraude la sociedad es justa.

Por otro lado, Von Hayek sostiene que el termino “justicia social” se usa como instrumento de intimidación ideológica y de coerccción legal, al hablarse de “desigualdad de ingresos” y de “salarios de hambre”. Su tesis central arguye sobre la negatividad producida cuando los gobiernos, en vez de proveer la estructura del crecimiento espontaneo, devienen monolíticos y echan en sus hombros el deber de proveer la solución a toda necesidad civil, lo cual debería ser responsabilidad del cuerpo ciudadano organizado alrededor de su sociedad civil.

Otros mantienen que la mentada justicia social provoca mucha miseria humana (verbigracia, los gobiernos paternales en trance de redistribuir la riqueza a la fuerza). Que siendo el término bastante maleable, se presta para toda clase de manipulaciones políticas y sociales. “Literally millions of people around the world have been murdered by government officials in the name of social justice”, sostiene.

Como contrargumento, desde otros círculos analíticos se afirma que la injusticia social históricamente se ha retratado en la manera como ciertos grupos sociales han sido tratados, las negritudes, el indigenato, el trabajador asalariado, el campesino, la mujer (en especial la mujer pobre), el inmigrante, el subproletario, el personaje políticamente exótico.

Complementos a la injusticia social colombiana. Por otro lado, a nivel nacional o intranacional, el fenómeno de la injusticia social no es fácil de calificar o cuantificar. Departamentos colombianos hay y municipalidades en las que la injusticia es menor que al nivel nacional y vice versa. Un agravante a nivel subestatal consiste en los limitantes que tiene las regiones para disfrutar los posibles beneficios derivados de la economóa global, que por lo general beneficia a los privilegiados, en detrimento de la masa. Y esto a pesar de, y en ocasiones gracias a, la transferencias de fondos por la vía de los presupuestos nacionales y el sistema bancario, tanto como a través de las instituciones legales nacionales. A nivel internacional, la polarización es aún mayor, a cuenta de los intereses de las potencias mundiales, y por lo tanto la injusticia se ve agravada aun más.

Finalmente, como en la época global no es dable ignorar el efecto internacional sobre la realidad política colombiana, es indispensable tener por incidentes sobre el conflicto armado nacional las políticas de Estados Unidos para Colombia y el impacto del mercado y la economía internacionales.

A través de los procesos integrativos mundiales, las estructuras y las instituciones internacionales generan directa e indirectamente un alto grado de injusticia, sin que el Estado colombiano sea parte en la ameloriación o cese del efecto. El mercado mundial esté más allá del control nacional y polariza sistemáticamente el ingreso y las riquezas. Paradójicamente, instituciones crediticias como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y entidades “gobernantes” como la Organizacion Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, exacerban, sin querer queriendo, el problema de la injusticia social colombiana. L