LA “INJUSTICIA SOCIAL” EN EL ENTORNO COLOMBIANO. (2)

“Para el estadista no hay tareas más difíciles o urgentes que la igualdad del ciudadano al acceso a los medios de producción y a la tecnología de su utilización, y la ecuanimidad [equity] en la compensación al esfuerzo… Que las oportunidades para cada persona sean iguales debe significar no sólo el acceso igualitario a la tierra… sino al capital de que depende la manufactura…”

Westel Willoughby, Social Justice, a critical essay.

“Se ha compilado este volumen para ilustrar sistemáticamente “, escribe Thomas Hoult en su celebrada obra Social Justice, “la idea de que los problemas sociales surgen a la medida en que prevalezca la injusticia social”.

Consonante con la anterior cita, escriben R. Mier y H. McGary, en Social Justice an Public Policy: “La más potente fuerza en la actual expansión del papel que juega el Gobierno Federal en E.U. se cifra en la lucha por la igualdad, y aunque los expositores de este movimiento aún hablan sobre “derechos”, el fin a la mano consiste en emparejar bienes y poderes en la sociedad americana”.

Es decir, mientras que la tendencia moderna de palabra y obra en cuanto a la justicia social asienta en sacarla del reino esotérico de los debates filosóficos y plantarla en la conciencia colectiva y en las políticas públicas, en Colombia se “debate” (aún después de que indicadores del PNUD, 2004, muestran un menoscabo del desarrollo humano de los colombianos) si la injusticia social de verdad algo tiene que ver con una guerra que ha producido cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

Hay algo de temor o de falsedad intelectual en esa postura colombiana. Durante los últimos treinta años el pujo igualitario a nivel mundial indujo a los gobiernos responsables a redistribuir la riqueza y los ingresos, a igualar las diferencias educativas, a suavizar el escalonamiento social y a finiquitar la noción de que el consumo del ciudadano debía estar determinado por lo que éste produce o posee. Este movimiento fue esencialmente autoritario y muy crítico del sector corporativode mercado y de la economía del laissez-faire. Examen de análogas profundidad y consecuencias no hubo ¾ni hay hoy¾ en Colombia.

Para fines de los años sesenta el movimiento igualitario mundial había superado los embates de Friedrich von Hayek reducidos a sostener que en una economía de mercado la “justicia social” no tenía sentido, toda vez que la expresión no aplicaba a la conducta de individuos en mutuo y permanente intercambio de bienes y servicios. Así que, cuando en 1971 John Rawls publicó su formidable opus A Theory of Social Justice, se inició un enfoque crítico del accionar social, cuyas oleadas conceptuales no permearon como han debido la mentalidad igualitaria de los colombianos.

No que las nociones de Rawls fueran inefables (veanse las críticas de Wolff, Sartorious, Nozick, Arrow, Scanlon). Suficiente es anotar algunos de sus postulados. Cada persona tiene derecho a libertades públicas compatibles con las de la colectividad. Las desigualdades sociales y económicas se deben juzgar con miras a la obtención de ventajas colectivas, en especial las del sector social menos favorecido. Para ser justa, la distribución debe ser ecuánime. Los miembros de una sociedad deben tener un incentivo para matener el orden interno siempre y cuando los intereses de cada ciudadano sean tenidos en cuenta.

De los anteriores lógicos razonamientos se podría deducir con no mucha dificultad mental que si un sistema político genera un estado permanente de desigualdad, su efecto ¾igual de permanente¾ podría abrigar un componente de injusticia. Y que como la injusticia permanente no es algo ameno al ser humano, en especial al que la sufre, ésta podria dar pábulo a una protesta social de similar permanencia. Postula F. Vandenbroucke: “Se necesita un ethos cultural anidado en lo social y económico para enaltecer la justicia [social]. Esto no es una cuestión teórica apartada de las preocupaciones diarias del ciudadano, por ejemplo, las normas del fair play afectan la equitativa distribución de ganancias… la gobernanza democrática debe basarse en virtudes sociales y en el compromiso… tanto de los poderosos como de los pobres y desvalidos”.

Lo anterior empalma bien con los postulados del sociólogo ingles Ginsberg, de los que se deduce que la justicia social cuenta con tres tercos enemigos, el poder usado arbitrariamente, la distribución inequitativa de los bienes necesarios para el bienestar personal y la ausencia de métodos para rectificar errores sociales. Ni que decir tiene que en Colombia proliferan estos tres patógenos comunitarios. Y esto se deduce, no de examenes trascendentales, ni de presuposiciones metafísicas, ni de valores ético-religiosos (ver la teoría axiológica de S. Gopalan), ni de un arreglo contractual de la justicia, como se postula en Social Justice in Sociological Perspective, de David Miller, sino en una realidad pragmática colombiana alimentada por los palpables desquiciamientos adjuntos a la división social de clases.

En pocos análisis se palpa el efecto deletereo sobre la justicia social colombiana impartida por el sistema de clases imperante en la nación como en un análisis constitucional.

A la par que el Estado, las múltiples constituciones de Colombia han sido instrumentos de, por y para la casta hegemónica de turno, o sea, garantes legales de los intereses del sector acaudalado y poderoso. Prima facie, las constituciones colombianas han sido nobles y notables esfuerzos por arreglar los antagonismos entre el gobierno central y los locales, o entre las tres ramas del Estado liberal (similar enunciado al de D. Bender y B . Leone, para E.U.). Pero en realidad han fungido como subterfugios para mantener la concentración del poder político y económico (verbigracia, sufragio restringido por el patrimonio y la literacidad) en manos de la clase dominate, misma que se fue formando desde los tiempos coloniales. Naturalmente, las clases sociales colombianas representan los dos lados antagónicos en que el capitalismo mundial vino a sedimetarse en el país. Durante la temprana república ese capitalismo mediatizado tuvo una naturaleza marcadamente minera y comercial, luego agraria, mas tarde industrial.

Pero el verdadero impacto constitucional sobre la justicia social colombiana ha sido ideológico. Como paliativo a la dominación de la clase hegemónica, las mencionadas constituciones elevaron al primer plano la temática de los derechos, las responsabilidades, las atribuciones estatales y ciudadanas, etc. Es decir, ocultaron la lucha por la legitimidad del acto social, el cual quedaba hábilmente excluido del plano moral y colocado en el legal, determinándose como “justo”, no aquello que fuese recto y razonable sino lo que fuera “legal”, lo cual hizo del trajinar político-constitucional colombiano el paraiso del leguleyismo y del abuso. Al tenor de sublimes aforismos constitucionales la masa colombiana quedaba atada y bien atada.

Además, no siendo esas constituciones ejercicios de teoría política pura, sino productos ideológicos momificados bajo prescripciones idealistas, el ciudadano también quedaba a merced de la propaganda jurisprudencial manejada, en nombre de las hegemonías, con suma eficacia por las élites pensantes, las que he denominado “élites lexócratas”.

De tal manera, se ha venido inhibiendo al ciudadano colombiano en su tarea de entender la realidad social tal como es y se le ha forzado a tratar lo ideal como una descripción verídica de lo real. Un arreglo tal precluye la comprensión de la dinámica social del país, no pudiendo enfocarse de manera realista los antagonismos entre el sector de los dominadores y el de los dominados. Ahora bien, los cambios reivindicativos sustantivos que ha obtenido de tiempo en tiempo la clase subordinada se han materializado no gracias a, sino en menosprecio de, las prescripciones constitucionales de la República.

Desde luego, la mayor contradicción interna de dichas constituciones es la que existe entre la democracia política y la subordinación económica. En Colombia dicha democracia verbal no ha sido un instrumento para obtener la democracia económica, como que las constituciones colombianas son la extensión político-económica de un capitalismo casero mediatizado y dependiente pero así y todo instrumental en el empoderamiento del sector social de los propietarios, terratenientes y productores. Asuntos como “el imperio de la ley”, “la igualdad de oportunidades”, “las libertades del ciudadano”, no tienen sino un valor formal. Y la “‘soberanía del pueblo” y “el Estado Social de Derecho” son tantos otros slogans reduccionistas y vacios. En resumen, los arreglos contitucionales de Colombia han sido, en la práctica, empolladeros de la injusticia social. Lo analoga la siguiente cita del pastor protestante norteamericano C. Coughlin: ”Solo hay una manera de leer el termómetro de la prosperidad [económica en E.U.]: ¿cuántas personas cuentan con un trabajo argüiblemente remunerativo?… Al 85% de los americanos les interesa más ias utilidades que perciben los trabajadores y los labradores que los flujos capitalistas que vienen a abultar los bolsillos de unos pocos afortunados”.

Vale admitir, no obstante, que la constitución colombiana de 1991 ha introducido elementos populistas en la medida en que una nueva agrupación hegemónica se ha venido formando, diferente de ¾y opuesta a¾ las hegemonías tradicionales. Esto como resultado del volcánico e impredecible movimiento interno de los dineros de la droga, de la corrupción política, empresarial y político-empresarial, del despilfarro, latrocinio y peculado de los dineros del Estado y de las propiedades nacionales y de las actividades economicas de los alzados en armas.

Esta nueva y potente subclase hegemónica colombiana es la que he dado en llamar el “sector lactócrata” de la actual clase dominante. Su ímpetu como fuerza político-social nacida de las capas no elitistas de la sociedad tradicional (y su pujante trepar de la pirámide social) la lleva a demandar expedientes inéditos de justicia social antagónicos hacia ¾o por lo menos exóticos para¾ las hegemonías de estatus y de poder, pero incidentes (esos expedientes) en la paulatina reivindicación de la desigualdad de que tradicionalmente ha sido victima la masa colombiana.

El anterior fenómeno amerita el análisis inmediato que no ha recibido de los académicos, mucho menos de los políticos y del Estado. Sea como sea, Colombia no podré acabar con su guerra, mucho menos progresar, sin que medie razonable prosperidad en el sector de los trabajadores y en el mundo rural y campesino, en los que la justicia en el empleo y los salarios, la tierra, la educación y la salud no se materializan.

Se hace menester un cambio raudo en la retórica del activismo político. Y un nuevo escenario, en el cual los pocos políticos de cabal responsabilidad que en Colombia hay se apersonen de ¾y saquen avante¾ los programas estatales de protección y asistencia al débil y al vulnerado. Una nueva mentalidad colectiva de compromiso con la justicia social, con el progreso material y político de aquellos que simpre han compuesto los cuadros de los desamparados y desposeídos. La multitud de puntos de vista y los innumerables escritos de políticos y académicos no puede seguir dejando intacto el problema de la injusticia social colombiana. Ni los programas gubernamentales diminutos y engañosos ameliorativos del fenómeno pueden seguir haciendo las delicias y absolviendo las conciencias de los burócratas de gobierno y de las fichas legislativas encargadas de resolverlo. Advierte el estudioso hindu B. Pathak, en su Social justice in India: “La busqueda de la justicia social es un empeño de absorventes ribetes para los funcionarios públicos en las sociedades que muestran marcadas diferencias sociales, educacionales y económicas”.

Esta prescripción aplica en Colombia, país de hegemonías las más recalcitrantes. Y aplica mucho más la siguiente mea culpa citada en Separate reservation ¾ a must for sweepers, de otro analista hindú, Shayam Lal: “cuando en 1964 Jawaharlal Nehru habló ante los recolectores de basura de New Delhi dijo: ‘Ustedes han venido sufriendo, tanto ahora, cuanto sufrían antes de la Independencia [de la India], hace 49 años. No sé qué decirles, siento pena de acercarme a ustedes y me embarga la vergüenza…’” .

¿A cuántos académicos, políticos, legisladores, gobernantes y ciudadanos colombianos los avergüenza la injusticia social que pesa en los pobres de la nación? ¿La justicia social no es “desarrollo humano”? L