El Congreso colombiano: calamidad parlante.
Si la intención fuese apelar a la ironía,
podría sostenerse que existen en Colombia dos clases de parlamentarios: los que
se hace necesario enviar a las penitenciarías y aquellos que debieran estar
buscando diferente empleo.
La anterior afirmación, claro, es
hiperbólica y no aplicable a los pocos legisladores éticos y competentes. Pero
se ve justificada por los escandalosos acontecimientos de los ultimos años,
mismos acontecimientos que sindican a la mayoría de los congresistas de por lo
menos una de estas cuatro transgresiones capitales: la corrupción, la
complicidad, la impunidad o la inefectividad.
Sea dicho de una vez: Colombia, en sentido
práctico, no tiene Congreso, si por Congreso se entiende aquella entidad transparente,
eficaz, “accountable”, atenta a la tarea legislativa que le asigna la
Constitución.
Funesto pero cierto: en sentido pragmático,
la base tripartita del Estado colombiano asienta hoy en sólo dos columnas, la
ejecutiva y la judicial.
Las continuas manifestaciones del
atrofiamiento profesional y ético de los congresistas¾precisamente cuando la nación
atraviesa por el momento más trágico de su historia¾hace procedente trastocar el
aforismo rector del sistema occidental de derecho: “Toda persona es inocente
hasta ser juzgada culpable”, para que cada congresista colombiano sea declarado
culpable, ya de corrupción, ya de complicidad, de impunidad o de inefectividad,
hasta que logre demostrar su inocencia.
Tarea nada fácil la anterior, pues la
truculencia retórica de los legisladores colombianos es inagotable y alambicada.
Util, pues, porque contrasta con el perfil gallardo de los pocos parlamentarios
que escapan a la sindicación de chicharreros
y constituiría un molde para ser
evitado por las futuras generaciones de políticos nacionales.
LA CORRUPCIÓN. Esta condición se sustenta
en la conducta delincuencial de los congresistas para quienes el Estado es una
cornucopia de libre acceso. Es decir, la corrupción del Congreso va más
allá de que los fondos nacionales que caen en sus manos o manejan evidencien
el flujo hemorrágico de una vena rota, o de que, en su conciencia,
venderse o comprar voluntades, sea una operación admisible. La corrupción llega
hasta a enceguecer las operaciones intelectuales de dichos congresistas y a
entorpecer sus métodos de acción. De lo primero surge un cúmulo de legislación
torcida, con lo otro se da vía libre a tal legislación.
LA COMPLICIDAD. La corrupción de ese lote
de congresistas trae por concomitante la complicidad de ciertos colegas
(¿compinches?) cuya ética acomodaticia o identidad de intereses los hacen
proclives al silencio. Y a ofrecer la hoja de parra con que oficiosamente
cubren los escandalosos agravios de sus protegidos. Estos son los legisladores
bizantinos y con ellos el Parlamento pasa de la corrupción por acción a la
corruptela por omisión.
LA IMPUNIDAD. La impunidad del Congreso
tiene por caldo de cultivo el silencio tácito de aquellos congresistas que,
intuyendo y aun palpando, el desarreglo moral de la Corporación, optan por
sustraer la vista y cerrar los labios. Y si la culpabilidad de estos babiecas
no iguala, en términos jurídicos, la de los delincuentes o los cómplices,
en términos políticos y éticos sí es su equivalente. Estos sujetos conforman la
amplia cofradía de los congresistas maniqueos.
LA INEFECTIVIDAD. Aun si la corrupción y la
complicidad no signaran con su impronta a muchos congresista, ya sería
suficiente, para dar al traste con un número de ellos, el hecho
incontrovertible de su incompetencia profesional. Durante mucho tiempo los
congresistas (como individuos y como cuerpo colegiado) han venido demostrando
su incapacidad para funcionar no ya con ecuanimidad y acierto, sino hasta para
sujetarse a los más modestos cánones de la eficiencia parlamentaria y
corporativa modernas.
Para los colombianos que tienen la
oportunidad de comparar al parlamentario colombiano vis-à-vis al de otras
latitudes del planeta (canadiense, inglés, estadounidense, verbigracia), el
espectáculo de su inanidad produce vergüenza o irrisión. Colombia tiene por
parlamentarios no sólo a los más predatorios de sus hijos, sino a políticos
comparativa y desastrosamente incompetentes. Caso que lo anterior se
pusiese en tela de juicio, examínese con objetividad la calidad de los
instrumentos legislados por el Congreso colombiano en la última década. Y
evóquense aquellas piezas que no se legislaron o las que sí, y fueron
deletereas para el país.
Y es precisamente esta corporación la que
se presenta ahora como la agencia del saneamiento político nacional y la higienización
republicana de Colombia. La que se propone autoenmendarse y poner en razón las
hoy nefastas prácticas delictivas de los colombianos. La que se ostenta
capacitada para alterar la periodicidad del Ejecutivo¾su término presidencial¾sin tropezar en los clavos de la
mezquindad, la trampa o el sofisma.
Sea entendido: el Congreso debe ser
sanitarizado de cabo a rabo. Y esa empresa de fregado recae en la sociedad
civil colombiana. La anterior demanda es evidente por sí misma, al
punto de que parece redundante traer a colación el corpus exegético que
sobre la materia existe a nivel mundial; y existe desde que, hace ya casi 400
años, se gestó la teoría del Estado liberal y la responsabilidad del ciudadano
asociado. A la sociedad civil
colombiana le incumbe cumplir con un deber civico ineludible y urgente:
enmendar un Congreso que le ha fallado miserablemente a
Colombia. L