UN ANTIDOTO AL CAOS COLOMBIANO: LA
SOCIEDAD CIVIL
"El cambio se gesta en el
poder, y el poder se basa en la organización. Para desempeñarse, la ciudadanía
debe unirse." Paul
Alinsky
No se necesita acudir a los anatemas que
desde el materialismo histórico antaño se esgrimían contra “la burguesía", para dar por sentado que ¾en cuanto a Colombia se refiere¾ el grueso de la responsabilidad del desbarajuste
social de la república puede colocarse casi que en su ominosa totalidad, no en
la ciudadanía, sino en el conglomerado político (del que los caciques
regionales y la élite de poder forman parte). Valga decir, las causas de muchos
de los actuales problemas políticos del país pueden, de forma directa o
indirecta, próxima o lejana, ponerse a los pies de un conglomerado político que
por décadas ¾y en cuanto
a sus antecedentes, por siglos¾ ha venido
usufructuando sin piedad a Colombia. De lo anterior se desprende que no pueden
ser ni los programas de los burócratas de gobierno, ni las disposiciones del
Congreso, ni las manos anémicas de los partidos, muchísimo menos las cogitaciones
de los "Notables" (miembros los anteriores de la misma conglomeración),
los instrumentos críticos que iran a reconstruir la malbaratada nación
colombiana.
Por consecuente, el mejor instrumento de
regeneración nacional, libre (hasta cierto punto) de contaminantes
institucionales o de vicios políticos, es la sociedad civil. Y lo es
simplemente por ser el único poder que logra trabajar pro bono (y pro
bono suo) sin que por ello deba
acudir a expedientes ilegitimos. Todo lo contrario, la sociedad civil cumple
mejor con sus obligaciones cuando trabaja por y para sí. Y, por ende, cuando obliga
al gobierno, a la empresa privada y a la sociedad política a que trabajen en
pro de la nación.
Se deduce, entonces, que ni el gobierno, ni
la empresa privada, ni la sociedad política de un país forman parte de la sociedad
civil. ¿Quiénes, entonces, o qué entidades, forman el estamento social que se
conoce con tal nombre?
Son varios quienes lo conforman. Pero antes
de intentar su enumeración (incompleta, como tendrá que ser) trataré de
explicar la razón de ser de la Sociedad civil. Decir, verbigracia, que una
sociedad en transición necesita entregarse a un proceso discursivo en el
que los problemas nacionales puedan ser debatidos y juzgados en público. Y que
ese proceso no puede hacerse tras de bambalinas o estar integrado por
grupúsculos políticos o estatales, antes bien, debe ser accesible ¾y no sólo en lo lingüístico¾ a todo ciudadano. Tal trabajo no
lo puede llevar a efecto sino la sociedad civil, porque ésta se ubica
estratégicamente en el cruce de caminos de los varios elementos sociales que
avanzan (o debieran avanzar) en su tarea de proteger, primero al individuo,
luego la forma democrática de manejar lo público.
La fuerza democrática de un país es
directamente proporcional a la fuerza de su sociedad civil, y cuando se
debilitan las libertades públicas se debilita también la sociedad civil. El
capital social que ésta genera es siempre superior a la suma generada por las
organizaciones que la componen, y ese capital social es una condición sine
qua non para la creación de ese otro gran capital: el económico de las
comunbidades y naciones. Es decir, no es la economía la que enriquece a la sociedad
civil; sino que es ésta la que enriquece con su existencia y su vigor a la
economía. En resumen: la democracia es la forma de gobierno político-económico
de la gente libre, y la sociedad civil es el elemento colectivo indispensable
de la sociedad democratica.
Ahora, incumbe tenerse en cuenta que uno de
los propósitos de la sociedad civil consiste en influir, a través de las
asociaciones privadas, sobre la actuación de los gobiernos y en la vida
política de los países y sus comunidades. Lógico entonces suponer que la sociedad
civil se da por existente si, y sólo si, las personas y sus grupos filantrópicos
gozan de la libertad de proseguir en su servicio social utilizando su propio
concepto de lo "bueno" (en sentido práctico) y de llevarlo a fruición
sin ninguna interferencia.
Error craso es suponer que la ciudadanía de
un país y la sociedad civil son una sola y misma cosa. Un coronel, un
registrador, un congresista, un gerente de empresa, un político, son
ciudadanos, mas no por serlo forman parte de la sociedad civil, ni pueden
hablar en nombre de ella, aunque sí puedan hablar y trabajar con ella.
Miembros calificados de la sociedad civil
son: las asociaciones profesionales, las académicas, universitarias,
artísticas, culturales, recreacionales, deportivas y científicas; las
organizaciones pro derechos civiles y humanos; los medios de comunicación
realmente independientes, los periodistas; las iglesias, pero no como tales,
sino como entes sociales; los centros docentes y artesanales; las comunidades
campesinas, las indígenas; los grupos ambientalistas, los movimientos
feministas y de género; las ligas estudiantiles y juveniles; las asociaciones
familiares y vecinales, las de auxilio público, las de transporte; los centros
de salud y las unidades independientes y democráticas de trabajadores, etc.
Ahora bien, las organizaciones paramilitares, las violentas de extrema
izquierda, y otras de género opuesto, tales como el Opus Dei, no pueden ser
parte de la sociedad civil, puesto que disuenan dentro de un contexto de
responsabilidades democráticas.
Algunos analistas formulan tres
clases de sociedad civil:
1.
El modelo antigubernamental. Justificado sólo en momentos de fermentación
pública. Por ejemplo, el surgido dentro del bloque soviético en su momento de
desintegración. Este modelo no ofrece una base de trabajo sostenible.
2.
El modelo asociativo. Excluye a los grupos comerciales y a los corporativos de
mercado, y da énfasis a las asociaciones voluntarias privadas. Se identifica
como separado y aparte del sector gubernamental.
3.
El modelo comunicacional. Enfatiza la función de la comunicación social como
elemento democratizante. Mantiene que la sociedad entra en quiebra cuando el
debate público cesa. Problematiza todo lo que es de interés comunal, incluyendo
la forma de dialogar, y mantiene que la comunicación debe ser universalmente
accesible, inclusivista y libre. Da prioridad a las asociaciones igualitarias,
tales como las de derechos humanos, los sindicatos de trabajadores y los
"think tanks".
Ahora bien, la sociedad civil debe
transmitir, de grupo en grupo, el hábito de la participación y la
responsabilidad cívicas. Es la forma de obtener lo que se conoce con el nombre
de “empowerment” (fortalecimiento, empoderamiento), sin cuya existencia nada en
las faenas políticas es obtenible. Más aún si se tiene en cuenta que la sociedad
civil está siempre corriendo el riesgo de ser cooptada por los políticos,
comprada por los empresarios y aplastada por los gobernantes. Valga recordar
que el empoderamiento de la sociedad civil marcha "pari pasu"
con la regeneración del Estado y la administración y con las reformas políticas
que el público suscita.
Conviene reiterar que la sociedad civil es,
por naturaleza, el vehículo filantropico de la crítica social. Pero la crítica
que ésta lleve a efecto no debe estar dirigida contra la totalidad del
gobierno, del Estado, de las instituciones políticas o de la empresa privada,
sino contra la parte, o las partes disfuncionales del gobierno, de la
institución política, estatal o privada. Asimismo, conviene recalcar que, en su
talante operacional, la sociedad civil no es un enemigo fanático de nadie, pero
que sí es un juez implacable de todo. Se trata del concepto del “accountability”
(rendición de cuentas) que exige la sociedad civil, sin cuya práctica
implacable no puede existir democracia digna de su nombre.
A manera de conclusión: la sociedad civil
necesita edificar su obra reconociendo el papel soberano que las personas y
organizaciones que la conforman juegan en la construcción de la democracia
moderna, porque, tal como lo postuló Habermas: reconocer la importancia del
sector independiente (en el trabajo por una mejor sociedad) es medular al
concepto de lo social y su devenir. L