¿PARA QUE SIRVE LA SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA?

“La ciudadanía organizada... es el único repositorio seguro y válido de los derechos públicos y, por lo tanto debe administrarlos siempre que pueda”. Thomas Jefferson.

Definir a la sociedad civil es difícil y quizás imprudente. Mostrar sus parámetros externos, imposible. Pero describir su utilidad, tabular sus cometidos y elucidar su modus operandi no presenta mayor inconveniente. En la Colombia actual, comporta que la sociedad civil se manifieste, se vigorice y se coloque, por su propia volición, en el puente de mando de lo que será la ardua lucha por nuestra segunda república. Porque es evidente que ni el gobierno en guerra, ni su Congreso inepto, ni los inoperantes partidos políticos, tienen el arresto o la autoridad moral para revitalizar el maltrecho orden civil de la nación. Por substracción de materia, si no fuera por derecho propio, cae sobre la sociedad civil la tarea de liderar ¾sin adlátares o infiltrados ¾ la transformación social de Colombia.

La preeminencia de la sociedad civil, dentro de un arreglo democrático de república, es autónoma, inalienable y totalizante. La sociedad civil configura el poder social nacional por excelencia. Puede, a su razonado arbitrio, escoger por sí misma la instrumentalidad y designar las voces con que lleva a buen puerto sus designios, que son los comunales. La sociedad civil está más allá de la enemistad. Su función es la de construir. Bien que le es dable dar al traste con todo aquello que entorpezca el curso, o dilate el proceso de la regeneración social de una nación. La sociedad civil colombiana necesita de una actitud vigilante: impedir que las bandas siciales disolutas que merodean en el país infiltren sus células, valga decir, necesita cerrarle el paso a muchos políticos,  parlamentarios y empresarios, desnudarlos y neutralizar sus patógenos.

Tarea urgente y primaria de la sociedad civil colombiana es la de hacerse deliberante. Crear un organismo flexible y supracorporativo que recoja el dictamen individual de sus componentes, lo catalice, para que luego pase a la población sintetizado en programa de acción.

¿Cuáles serán las voces dirigentes de la sociaded civil colombiana? Ninguna, pues la sociedad civil no tiene dirigentes. ¿Cuál su programa inmediato? Llevar a cabo su propia consulta plebiscitaria. Es decir, auscultar formalmente el querer popular en lo tocante a las enmiendas políticas que necesita el país, darles estructura social y ponerlas en movimiento. Su siguiente programa consiste en abrir conversaciones con la insurgencia y la contrainsurgencia sobre el futuro ordenamiento social del país.

Lo anterior significa que la sociedad civil colombiana debe rechazar toda consulta popular que no lleve su imprimatur. Toda consulta popular confeccionada solo por el Gobierno o por los políticos, es un instrumento para el usufructo del Gobierno y los políticos, un tris esterilizados para la tarea, pero al fin y al cabo para los gobiernos y los políticos de siempre. Estas consultas populares externas a la sociedad civil se venderían al al país como si se tratara de una mercancía certificada. No obstante, quienes las propucieran serían, también como siempre, gobiernos clientelistas, un Congreso irresponsable, ineficaz y corrupto, y quien las ratificaran con su voto sería una sociedad amedrentada o confundida, o ambas cosas a la vez. Esos referendos estarían viciados ab initio.

Ahora bien, en un país como Colombia es inevitable que los leguleyos hablen, y que hablen con fuerza. Es previsible, entonces, que de este sector (el abogadil y el de las Cortes) surja la oposición más vociferante a la sociedad civil. Pero como ésta sabe que los leguleyos hablan en representación del sector social de que forman parte y de los intereses creados que comparten con ese sector, ya se echa de ver que la querella de la sociedad civil no es contra los voceros jurisprudenciales del conglomerado político, sino contra el conglomerado político. Y como también sabe que esos juristas sucumben bajo el peso de las seducciones doctrinales de su ideología, y que divorcian su juicio del integumento societal que debiera alimentarlo, entonces la sociedad civil deberá hacer caso omiso de todo argumento legal salido de estas fuentes que venga a atravesarse en su camino. Todo traficante en incisos, artículos y leyes, debe recibir la execración de la sociedad civil, y los juristas del status quo, los que permiten que su labor especulativa se volatilice en farsa y evitan que la realidad histórica cale de profundo en sus dictámenes, deben ser ignorados.

Por otra parte, los medios de comunicación, la insurgencia y la contrainsurgencia deben, los primeros, apoyar el trabajo de la sociedad civil, y los dos últimos, aproximarse a ella como a su interlocutor natural. Porque la sociedad civil no es un instrumento que aprueba lo que otros poderes deciden, sino que decide (modo suo) lo que los otros poderes tendrán que acatar.

A la sociedad civil colombiana no se le puede detener; no se le puede ignorar, y no se le puede cooptar. L